Salud mental: buscan declarar la emergencia nacional mientras el Senado debate una reforma de la Ley 26.657
El proyecto fue presentado en Diputados y propone declarar la emergencia por dos años, crear un fondo federal, reforzar los equipos interdisciplinarios y ampliar la atención en todo el país. Entre los firmantes está el misionero Oscar Herrera Ahuad. En paralelo, el Senado retoma este miércoles el debate sobre la reforma impulsada por el Gobierno nacional.
La salud mental volvió al centro de la agenda del Congreso de la Nación con dos iniciativas que plantean respuestas diferentes frente a un mismo problema: el crecimiento de la demanda de atención y las dificultades que atraviesa el sistema sanitario para responder a las situaciones de crisis.
Por un lado, un grupo de diputados presentó el proyecto de Ley 4404-D-2026, que propone declarar la Emergencia Nacional en Salud Mental en todo el territorio argentino durante dos años, con posibilidad de prorrogarla por igual período si persisten las circunstancias que motivaron la medida.
El proyecto fue presentado el 1 de septiembre y ya fue girado a las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Todavía no es ley.
Entre sus firmantes aparece el diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad, junto con legisladores de distintos bloques políticos.
Al mismo tiempo, este miércoles 9 de septiembre el Senado retoma el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, enviado por el Poder Ejecutivo.
La discusión lleva más de tres meses y tiene como uno de sus puntos centrales las condiciones para disponer internaciones involuntarias.
¿Qué propone el proyecto para declarar la emergencia en salud mental?
La iniciativa de Diputados aclara que la emergencia sería complementaria de la Ley 26.657, y no una derogación ni un reemplazo de la normativa vigente.
El objetivo declarado es fortalecer la capacidad del Estado para atender situaciones de sufrimiento psíquico, crisis subjetivas, consumos problemáticos y prevención del suicidio.
Entre las principales medidas propuestas se encuentran:
- Apertura, adecuación y fortalecimiento de dispositivos de asistencia en todo el país.
- Reincorporación del personal cesanteado del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte.
- Recuperación de cupos y condiciones de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental y Adicciones (RISAM).
- Incremento de operadores de las líneas telefónicas gratuitas destinadas a urgencias, asistencia, derivaciones, crisis subjetivas y prevención del suicidio.
- Mayor cantidad y mejor distribución territorial de profesionales especializados.
- Garantía de acceso a psicofármacos según prescripción médica.
- Censo nacional de centros de internación públicos y privados.
- Ampliación de infraestructura y dispositivos de atención.
- Creación y fortalecimiento de centros de día y casas de convivencia.
- Incorporación de equipos móviles para intervenir ante crisis de salud mental y consumos problemáticos.
- Restablecimiento del componente de Salud Mental del programa Remediar.
- Capacitación y actualización de profesionales.
- Fortalecimiento de los organismos federales de coordinación de políticas de salud mental.
El proyecto también plantea que el Estado nacional y las provincias trabajen de manera coordinada para ampliar los equipos interdisciplinarios y reducir las desigualdades territoriales en el acceso a la atención.
Un fondo federal para financiar la emergencia
Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es que no pretende que la declaración de emergencia quede solamente en una definición política.
El proyecto crea un Fondo Especial Federal Solidario para la Emergencia en Salud Mental, destinado a financiar infraestructura, equipos profesionales y dispositivos de atención en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa propone que el fondo se integre, entre otros recursos, con el 20% del 42,34% del impuesto indirecto sobre apuestas online que actualmente se destina al Tesoro Nacional. También contempla aportes de organismos internacionales y partidas que sean asignadas por el Congreso.
Los recursos deberían distribuirse automáticamente entre las jurisdicciones de acuerdo con los coeficientes de coparticipación.
El dinero tendría destinos específicos: hospitales generales, centros comunitarios de salud mental, casas de convivencia, centros de día, equipos interdisciplinarios y guardias de salud mental.
El proyecto plantea además la formación y capacitación de trabajadores de salud, educación, seguridad, Justicia y protección de niños, niñas y adolescentes.
Salud mental y adolescencia: uno de los puntos centrales
La propuesta dedica un capítulo específico a niños, niñas y adolescentes.
Plantea incorporar equipos interdisciplinarios especializados en salud mental infantojuvenil en el primer nivel de atención, guardias pediátricas, maternidades y hospitales generales.
También propone equipos móviles para intervenir ante crisis agudas, intentos de suicidio y consumos problemáticos, además de programas de prevención en escuelas y comunidades.
El proyecto contempla canales de asistencia confidenciales y accesibles para adolescentes y plantea fortalecer la detección temprana de situaciones de violencia, abuso y riesgo suicida.
Otro punto que aparece expresamente en el texto es el uso de los diagnósticos con una finalidad explicativa y orientativa, procurando evitar la patologización y medicalización del malestar.
El presupuesto vuelve a estar en el centro
La iniciativa establece que durante la emergencia el Poder Ejecutivo deberá avanzar progresivamente hasta alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud destinado a salud mental.
Ese porcentaje no surge de una nueva creación del proyecto: la propia Ley 26.657 ya establece en su artículo 32 que el Estado debe alcanzar ese piso de inversión de manera progresiva.
El proyecto de emergencia busca reforzar esa obligación y establecer mecanismos de financiamiento y control específicos.
También establece que la autoridad de aplicación deberá enviar informes trimestrales al Congreso, detallando ejecución presupuestaria, distribución de fondos, avances en infraestructura y fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios.
¿Por qué se habla de una emergencia?
Los fundamentos del proyecto sostienen que existe un incremento de las consultas por crisis subjetivas, consumos problemáticos y otras situaciones vinculadas con la salud mental.
Pero el diagnóstico no se limita a la demanda.
Los autores también plantean que existen desigualdades importantes entre las provincias en cuanto a profesionales, infraestructura y dispositivos de atención.
Un informe federal presentado recientemente en el Senado, elaborado con información de 14 jurisdicciones que representan alrededor del 70,85% de la población argentina, registró un aumento del 23% en las consultas ambulatorias de salud mental durante el último año y del 42% en las internaciones desde 2023. Misiones estuvo entre las provincias que participaron del relevamiento.
Ese dato adquiere relevancia porque el debate ya no se limita a una discusión política entre oficialismo y oposición: las propias autoridades sanitarias provinciales vienen señalando que la demanda sobre los sistemas públicos está creciendo.
El Senado debate otra salida
Mientras Diputados analiza la declaración de emergencia, el Senado retoma el tratamiento del proyecto enviado por el Gobierno nacional para modificar la Ley 26.657.
La iniciativa oficial fue enviada al Senado bajo el expediente PE-99/26 y comenzó a ser analizada por las comisiones de Salud y Legislación General.
El debate se reactivará este miércoles 9 de septiembre, después de más de cien días sin reuniones del plenario de ambas comisiones. Será la cuarta reunión informativa desde el comienzo del tratamiento.
Uno de los principales puntos de discusión son las internaciones involuntarias.
La reforma busca modificar el criterio actualmente establecido por la Ley 26.657 y permitir intervenciones ante situaciones consideradas de riesgo grave para la propia persona o para terceros.
También plantea cambios en la participación de profesionales en la decisión de internar y otorga un papel específico al médico psiquiatra.
Dos miradas sobre un mismo problema
La discusión parlamentaria pone sobre la mesa dos cuestiones que muchas veces aparecen mezcladas.
Una es qué hacer cuando una persona atraviesa una crisis grave y existe riesgo para sí misma o para terceros.
La otra es qué recursos existen antes, durante y después de esa crisis.
Quienes impulsan la reforma del Gobierno consideran que la normativa vigente puede dificultar determinadas intervenciones y que deben ampliarse las herramientas para actuar frente a situaciones graves.
Desde las provincias y distintos organismos especializados, en cambio, se reclama que cualquier modificación vaya acompañada por mayores recursos, dispositivos y financiamiento.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, por ejemplo, participó del debate parlamentario y planteó observaciones vinculadas con las internaciones, las sujeciones y las condiciones de atención en establecimientos psiquiátricos. El organismo defendió la importancia del abordaje integral de la salud mental y de los dispositivos comunitarios y de atención primaria.
¿Qué puede significar para Misiones?
La discusión tiene una dimensión concreta para las provincias.
Misiones fue una de las jurisdicciones que participó del relevamiento federal presentado en el Senado sobre el crecimiento de la demanda de atención en salud mental.
Además, el proyecto de emergencia contempla precisamente un esquema de distribución federal de recursos y propone reforzar los equipos interdisciplinarios según las necesidades de cada territorio.
Para Misiones, por lo tanto, la discusión no se reduce a qué modelo debe adoptar Buenos Aires o qué decisión tome el Congreso.
Está en juego también cuántos recursos llegan al territorio, qué dispositivos pueden fortalecerse, cuántos profesionales pueden incorporarse y qué capacidad existe para atender una crisis sin que la única alternativa termine siendo una guardia hospitalaria o una internación.
Una discusión que recién comienza
Por ahora, ninguna de las dos iniciativas se convirtió en ley.
El proyecto de emergencia presentado en Diputados debe atravesar el debate de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda.
La reforma de la Ley 26.657, en tanto, continúa en el Senado y este miércoles vuelve a ser discutida por las comisiones de Salud y Legislación General.
El Congreso enfrenta así una discusión que va mucho más allá de una cuestión técnica.
Se debate cómo responder ante una persona en crisis, cuándo debe intervenir el Estado, qué lugar ocupa la internación, qué profesionales deben participar y, sobre todo, qué red de atención existe para evitar que el sistema llegue siempre cuando el problema ya se convirtió en una emergencia.
En ese escenario, la declaración de emergencia propuesta en Diputados introduce una pregunta adicional: si la demanda de atención está creciendo, ¿alcanza con cambiar la ley o también hace falta fortalecer los recursos que permiten cumplirla?
La respuesta todavía está en discusión en el Congreso.
