La Corte Suprema dejó sin efecto el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Con ello, dejó de aplicarse el límite del 15% para la propiedad extranjera que establecía esa norma. En San Pedro, donde un relevamiento ubica en torno al 9% la superficie rural en manos extranjeras, la pregunta ahora es qué puede pasar de aquí en adelante.
En San Pedro, alrededor del 9% de la superficie rural está en manos de capitales extranjeros, según un relevamiento del Observatorio de Tierras elaborado con datos del Registro Nacional. Ese porcentaje corresponde a la situación registrada bajo el régimen que establecía un límite: la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales de un departamento, provincia o del país.
Ese techo dejó de aplicarse después de la decisión de la Corte Suprema conocida esta semana. El máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Al quedar sin efecto aquella sentencia, volvió a tener vigencia la derogación de la ley y, con ella, dejaron de aplicarse las restricciones específicas que esa norma establecía para la adquisición y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
Pero hay una precisión jurídica importante. La Corte no declaró constitucional el DNU. Su decisión se concentró en la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y consideró que la organización no tenía legitimación suficiente para promover ese planteo en los términos en que fue presentado. Por eso, el máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154, pero no resolvió la cuestión de fondo.
En otras palabras, la situación actual es concreta: el límite del 15% dejó de aplicarse, pero la Corte tampoco dijo que eliminar ese límite sea constitucional. Esa discusión podría volver a plantearse en otro caso judicial que reúna los requisitos necesarios para que los tribunales analicen la cuestión de fondo.
¿Qué significa esto para San Pedro?
Significa que aquel 9% de tierras rurales en manos extranjeras ya no puede compararse con un techo legal del 15% como si ese porcentaje siguiera siendo el límite. El 9% pasa a ser, fundamentalmente, una fotografía de la situación existente bajo el régimen anterior.
Y ahí aparece una pregunta que ahora adquiere otra dimensión: ¿hasta dónde puede crecer la participación extranjera en la tierra rural de San Pedro?
La Ley de Tierras ya no establece un porcentaje máximo de extranjerización. Eso no significa que exista una autorización específica para que extranjeros puedan quedarse con el 100% del territorio rural ni que hayan desaparecido todas las demás normas que regulan la propiedad. Significa algo más concreto: ya no existe, dentro de aquella ley, un techo porcentual como el 15% que regía hasta ahora.
El dato provincial también muestra por qué la discusión no es menor. Un relevamiento difundido por el Observatorio de Tierras ubicó a Misiones con alrededor del 11,29% de su superficie rural en manos extranjeras. En ese mismo trabajo, San Pedro aparece con el 9%, mientras que otros departamentos misioneros superan el antiguo límite del 15%, entre ellos Montecarlo, General San Martín y Eldorado.
Pero hay otro dato que obliga a separar las discusiones.
En San Pedro, familias de distintas colonias vienen denunciando conflictos por tierras que aseguran ocupar y trabajar desde hace años. Entre los lugares mencionados aparecen Puerto Argentino, Palmera Boca y San Juan Bosco. Los pobladores denunciaron desalojos, detenciones, quema de viviendas y pérdida de herramientas y animales, mientras que desde el sector forestal se sostiene que existen ocupaciones irregulares sobre terrenos que Arauco figura como titular.
En agosto, representantes de más de un centenar de familias plantearon el conflicto ante autoridades provinciales y reclamaron una mesa de diálogo. La cantidad de familias mencionada varía según la fuente: algunos relevamientos hablan de 123 o 125, mientras que otras estimaciones llevan el número a cerca de 200. Por eso, esas cifras deben presentarse como datos atribuidos y no como una cantidad oficial definitiva.
Y acá conviene no mezclar las dos cuestiones.
Una cosa es la extranjerización de la tierra y otra es determinar quién tiene derecho sobre una parcela determinada. Que una empresa extranjera pueda adquirir tierras por encima del antiguo límite del 15% no demuestra por sí solo que sea propietaria de cada terreno que reclama. Del mismo modo, que una familia viva o produzca desde hace años en una chacra tampoco determina por sí solo quién figura como titular dominial.
Por eso, la pregunta más concreta que queda abierta para San Pedro no es solamente cuánto territorio está en manos extranjeras. Es otra: ¿de quién es cada parcela que hoy está en disputa?
Esa respuesta debería surgir de los registros y de la documentación correspondiente a cada inmueble. Allí está una parte central de la discusión que todavía falta conocer: no solamente quién ocupa una tierra, quién la reclama o quién la explota, sino quién figura legalmente como titular.
La decisión de la Corte cambia una regla nacional y elimina el antiguo techo del 15%. Lo que pueda ocurrir con la tierra rural de San Pedro a partir de ahora dependerá de las operaciones que efectivamente se realicen y de las demás normas que continúen regulando la propiedad.
Por eso, más que anticipar qué porcentaje tendrá San Pedro dentro de algunos años, hay una pregunta que hoy sí puede hacerse: si el techo del 15% desapareció, ¿quién va a mirar cuánto territorio rural queda en manos extranjeras de ahora en adelante?
