Las familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 realizaron una asamblea en la plaza de San Pedro para reclamar la regularización de las tierras que habitan y trabajan. También cuestionaron a Arauco y pidieron la intervención de las autoridades. Horas después, denunciaron un nuevo episodio con efectivos policiales.
SAN PEDRO. El reclamo por la tierra volvió a ocupar el centro de la escena en San Pedro. Este martes 6 de octubre, familias de los parajes Puerto Argentino 1, 2 y 3 realizaron una asamblea popular en el anfiteatro de la plaza local, acompañadas por vecinos y organizaciones sociales, sindicales y agrarias de distintos puntos de Misiones.
Según plantearon durante el encuentro, son 148 las familias que reclaman la regularización de las tierras que habitan y trabajan. El pedido estuvo dirigido principalmente a las autoridades provinciales, a quienes solicitaron que intervengan en el conflicto y garanticen una solución que permita el arraigo de los productores en el territorio.
La asamblea también incluyó fuertes cuestionamientos hacia Arauco S.A., empresa con la que las familias mantienen un conflicto por las tierras. Los participantes denunciaron distintos episodios que, según sus propios relatos, incluyen persecuciones, amenazas, disparos, incendios de viviendas y procedimientos en los que habrían sido retenidas herramientas y vehículos.
Se trata de acusaciones de extrema gravedad que fueron expuestas públicamente por los productores y las organizaciones presentes. Su eventual responsabilidad y alcance deberán determinarse a partir de las actuaciones administrativas o judiciales correspondientes.
Un conflicto que volvió a poner la tierra en el centro de la discusión
El reclamo de San Pedro se produce además en un momento particularmente sensible para la cuestión territorial en Misiones. Después del reciente fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/2023, quedó sin efecto el régimen nacional de límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. La propia Corte, sin embargo, no resolvió sobre la constitucionalidad del decreto: su decisión estuvo vinculada a la legitimación de quienes habían iniciado la demanda.
El Gobierno de Misiones reaccionó mediante el Decreto 1935, por el cual instruyó a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones judiciales para resguardar los intereses de la provincia frente a los efectos del DNU.
En ese contexto, las organizaciones que participaron de la asamblea reclamaron también el rechazo del DNU 70/2023 y cuestionaron particularmente sus efectos sobre el régimen de tierras.
La Cámara de Diputados de la Nación tiene solicitada una sesión especial para el 15 de octubre, en la que se pretende tratar el decreto, que ya había sido rechazado por el Senado en 2024.
El reclamo por el arraigo rural
Durante la asamblea, los productores defendieron la permanencia de las familias en las tierras y cuestionaron un modelo productivo que, según expresaron, favorece la concentración de grandes superficies en detrimento de los pequeños agricultores.
La discusión excedió así la situación particular de Puerto Argentino y se vinculó con un debate más amplio sobre el acceso a la tierra, la producción familiar, el arraigo rural y el control sobre el territorio.
Entre las organizaciones presentes estuvieron ATE, CTA, CCC, MTE, UTT-PIP, UTT Delicia, Tekoa Renacer, Patria Grande y RAOM, además de vecinos y referentes de distintos sectores productivos y sociales.
La jornada terminó con una fotografía colectiva y una serie de consignas, entre ellas el rechazo al DNU 70/2023 y el pedido de “¡Fuera Arauco de Misiones!”.
Pero el conflicto tuvo un nuevo capítulo pocas horas después.
Denunciaron otro episodio durante la tarde
Según denunciaron posteriormente las familias, un productor de la zona habría sido perseguido durante la tarde por efectivos de la Policía de Misiones, en un procedimiento que habría tenido como objetivo el secuestro de una motosierra utilizada como herramienta de trabajo.
El relato de los vecinos agrega un elemento todavía más delicado: sostienen que durante ese episodio fueron amenazados menores que se encontraban en el lugar y que se habría advertido con matar animales de las familias si no abandonaban el territorio.
Las acusaciones fueron difundidas por los propios productores y organizaciones que participan del conflicto. Hasta el momento, esos señalamientos deben ser considerados como denuncias de los damnificados y requieren la correspondiente investigación para determinar qué ocurrió y quiénes fueron responsables.
Así, la asamblea que buscaba visibilizar el reclamo por la regularización de las tierras terminó dejando planteado un escenario todavía más complejo: 148 familias que reclaman una solución sobre el territorio que ocupan y trabajan, un conflicto abierto con Arauco y nuevas denuncias de procedimientos y amenazas que ahora deberán ser esclarecidas.
